A un año del estallido de la crisis de inseguridad en Sinaloa, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos propusieron la realización de una agenda poscrisis orientada a la reconstrucción social, así como al fortalecimiento de la seguridad y la justicia en la entidad.
Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y Óscar Loza Ochoa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hicieron el balance anual de los impactos y daños de la violencia, así como de la incidencia delictiva que han sufrido las y los sinaloenses desde septiembre de 2024.
“Es momento de hablar de una agenda poscrisis. En algún momento esto cederá, entonces, hasta qué punto hemos estado hablado de lo que vendrá después… Es por eso la necesidad de ahora sí plantear esa lista de tareas después de la crisis”, puntualizó Miguel Enrique Calderón Quevedo, Coordinador General del CESP.
“Por ejemplo, sugerimos catalizar todos estos lamentables acontecimientos y sus dolorosas emociones, honrando a las víctimas con el repudio a toda acción violenta de nuestro entorno, asignando un presupuesto gubernamental de 2026 con esta perspectiva que fortalezca a nuestras policías y a la Fiscalía”.
Aumento de delitos de alto impacto
Dentro del análisis de las cifras, Calderón Quevedo detalló que los delitos de alto impacto, como son: homicidio doloso, privación que incluye la desaparición forzada de personas, robo de vehículo y robo a comercio, presentaron los mayores crecimientos desde el inicio del conflicto en septiembre 2024 hasta el cierre del mes de agosto 2025.
En lo que respecta al delito de homicidio doloso, se destacó que, a partir de septiembre 2024, la incidencia creció exponencialmente, siendo el mes de junio con 207 denuncias, el punto más alto desde el inicio del conflicto.
La privación ilegal de la libertad, que incluye la desaparición forzada de personas, registró en los 12 meses recientes las cifras más altas desde que se mide la incidencia de este delito, siendo julio de 2025 el de mayor incidencia con 233 denuncias.
El delito de robo de vehículo ha registrado promedios por encima de las 400 denuncias por mes. Mayo de 2025 es el de mayor número, registrando 694 en dicho mes.
El delito de robo a comercio también tiene variaciones al alza. El mayor número de denuncias fue en febrero 2025, con 283.
Víctimas e impacto social
Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, advirtió que la violencia ha golpeado a los sectores más vulnerable, entre ellos, niños, mujeres y periodistas.
Hizo mención que durante este periodo se han documentado 50 menores asesinados en este periodo de conflicto, además, como víctimas de la violencia se tiene el registro de 76 mujeres también asesinadas, 64 agresiones a periodistas y cerca de mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de familiares aseguran que la cifra real rebasa las 2 mil 800.
“Hay algunas lecciones que nos dan esta coyuntura que tenemos que tomar en cuenta: es una tarea de todos y de todas, trabajar por regresar a la normalidad en la que vivíamos por lo menos del 8 de septiembre del año pasado hacia atrás (…) una segunda, cómo nos situamos en medio de lo que estamos viviendo y decir: ‘esto es lo que tenemos que hacer’, asumamos que han pasado cosas que nos hablan de las tareas en común”, expresó Loza Ochoa.
El ombudsman consideró que la crisis debe verse como una llamada de atención para construir tareas comunes entre autoridades y sociedad civil, que nos permitan mejorar la situación de seguridad pública, reactivar los espacios públicos, mayor atención a las víctimas y ayudar en la mejora de la educación de los jóvenes.
Ambos organismos concuerdan que entre las acciones de esta agenda poscrisis se encuentra como principal tarea un mayor presupuesto para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado, policías, ministerios públicos y peritos.
