MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y REPARAR INTEGRALMENTE
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
NUESTRO COMPROMISO
- Objetivo: Monitorear, a través de la creación de un micrositio, los avances en la implementación de la “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, mostrando ahí los progresos de las autoridades involucradas en la nueva legislación, dando transparencia a todo el proceso y garantizando el uso adecuado de los recursos, así como proveer de información útil a la población y a las mismas autoridades, todo enmarcado en un ejercicio de Gobierno Abierto.
- Descripción: Diseñar una matriz que contenga los indicadores y variables para determinar el cumplimiento de la Ley, los cuales serán visibles en una herramienta digital o sitio web donde la ciudadanía pueda consultar el progreso y transparencia documental de las distintas disposiciones establecidas en la “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno” en Sinaloa, por parte de las instancias competentes, las cuales abarcan la integración de la Comisión Intersecretarial; la creación del Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas; la creación y aplicación del Fondo Especial; la creación del Registro Estatal de Personas Desplazadas; las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento; y la emisión del Informe que establezca la inexistencia de motivos que provocaron el desplazamiento. El mecanismo de Gobierno Abierto se logrará al confabular la cocreación entre sociedad civil y autoridades de gobierno en un ejercicio de rendición de cuentas del desplazamiento forzado, un problema público específico, medible, alcanzable, realista y con tiempos establecidos, utilizado las herramientas digitales como vía.
- Duración: Seis meses, a partir de la publicación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa por el Poder Ejecutivo del Estado.
- Responsables: Marlene León Fontes, de Sociedad Civil; Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) y Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)
